Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que en instancia desestima la pretensión de responsabilidad patrimonial sanitaria por daños morales y físicos de pariente fallecido. La Sala no admite la prueba solicitada en segunda instancia por no darse los supuestos en que la ley lo permite al denegarse la relativa a pruebas COVID realizadas al paciente por no ser precisa para determinar el curso del tratamiento y aclarar las causas del fallecimiento del finado puesto que todos los intervinientes, sin excepción, concluyen que falleció a causa de la evolución de la enfermedad COVID-19. La parte demandante alega que se ha observado la falta de un consentimiento informado previo para procedimientos críticos como la sedación y la administración de Morfina pero los profesionales que atendieron al paciente confirman que se les informó, ajustándose a los protocolos y siendo coherente con la historia clínica. Finalmente, respecto de la falta de ética asistencial y cuidados básicos, la Sala considera que dichas alegaciones no pueden constituir auténticos motivos de impugnación contra la sentencia recurrida porque no contienen ninguna crítica racional y fundamentada a los fundamentos de la sentencia recurrida.
